En la actualidad, y de manera generalizada, escuchamos frecuentemente problemáticas asociadas con la dificultad de acceso a una vivienda digna.
En el artículo 47 de la Constitución Española se recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, actualmente y de manera global, no es cierto que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a un espacio como se describe en la Carta Magna.
Según Ignasi Martí, profesor del Departamento de Sociedad, Política y Sostenibilidad, y director del Observatorio de la Vivienda Digna vinculado a la Universidad Ramón Llull de Barcelona, “la vivienda es mucho más que cuatro paredes y un techo. La vivienda es algo que significa para nuestras vidas. Es lo que nos permite garantizar una seguridad, un lugar de referencia al que podemos regresar y protegernos. Donde crear relaciones de cuidado, donde cuidar y sentirnos cuidados. En una vivienda descansamos, paramos a alimentarnos y construimos relaciones con sentido, entre otras cuestiones. Debería ser el vehículo para desarrollar nuestra vida con plenitud, y no un obstáculo para poder hacerlo”.
VIVIENDA, ENTORNO RURAL Y PERSONAS MAYORES
El entorno rural es un contexto donde la disponibilidad de viviendas en buen estado y a un precio que esté al alcance de la gente que lo necesita, no es fácil, lo cual conduce a procesos de exclusión social. Las viviendas en buenas condiciones son escasas, y esto comporta una limitación importante para colectivos de población en situación más vulnerable. Es el caso de la gente joven que llega al territorio para estudiar, el de personas que pertenecen a colectivos en riesgo de exclusión mientras transitan su proceso de inclusión social, y también el caso de personas mayores que desean mantenerse en su vivienda habitual o encontrar un lugar distinto para vivir, cerca del entorno conocido, bien adaptado y rodeados de una red social y de acompañamiento en su proceso de envejecimiento que no encuentran en su lugar de vivienda actual.
Por lo que respecta a las personas más mayores, colectivo de población mayoritario en poblaciones del entorno rural, el fenómeno de la soledad no deseada es un elemento importante que condiciona su vida y que viene alimentado por varios factores, entre los que se encuentra el hecho de carecer de relaciones saludables con otras personas (en un 20% de los casos según un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (OESND) del año 2021 para personas entre 55 y 74 años). Por esta razón es tan importante tener en cuenta priorizar que se mantengan viviendo en el entorno que conocen y en el que han tejido sus lazos y raíces durante toda la vida.
Según otros datos más actualizados, el Barómetro de la Soledad No Deseada de la Comunidad Valenciana 2024 registra que este fenómeno afecta al 18,9% de la población mayor de 55 años, frente a la media del 15,7% de todo el estado español, lo cual da una idea de la importancia que tiene atender en nuestro territorio esta cuestión.
El hecho de identificar el espacio de la vivienda como sinónimo de un lugar seguro y de cuidado en ausencia de precariedad, contribuye a garantizar la estabilidad psicológica por sentirse en un espacio conocido y seguro, para lo cual debe considerarse necesariamente que sea un lugar elegido libremente para vivir y en un contexto conocido que reduzca la desorientación o la sensación de desarraigo.
Sin embargo, la vivienda está considerada más como un activo económico, que con un rol social que aporta para el bienestar y la salud de las personas. De esta manera, en muchas ocasiones, el acceso a unas condiciones de vida saludables que incluyan la estabilidad anteriormente mencionada se ve condicionado y sustituido por el desplazamiento a otros lugares que cumplan mejores condiciones a nivel práctico, o por la institucionalización, como ocurre en las personas mayores, lo cual desoye la necesidad de atender el calado que tiene mantener el vínculo con el contexto conocido porque configura una buena parte de su sentido de pertenencia.
UN TEMA QUE MERECE ATENCIÓN ESPECIAL EN EL ENTORNO RURAL
Encontrar un espacio adecuado para vivir, considera varios aspectos: un precio al que se pueda acceder sin comprometer los gastos básicos que una persona necesita para tener unas condiciones de vida digna, que la vivienda esté en condiciones óptimas de habitabilidad, y que cada persona pueda elegir donde vivir sin verse obligada a desplazarse a un lugar distinto por falta de espacios disponibles o por no tener las condiciones adecuadas de habitabilidad.
Desde la Confederación de Centros de Desarrollo Rural a la que pertenece nuestra entidad, encontramos que es importante atender la problemática de manera holística: desde un punto de vista económico, social y legislativo.
El pasado 3 de abril, en Verín, tuvo lugar la jornada “Del derecho al techo, hay mucho trecho”. Organizada desde Coceder, se abrió un espacio para analizar la problemática de la vivienda en el entorno rural. La importancia de aplicar mecanismos que permitan regular la cantidad de viviendas vacías existentes y que salgan al mercado de alquiler, ofrecer propuestas de acompañamiento a propietarios que apunten a trabajar la confianza en reactivar las viviendas que actualmente están en desuso, y promover el trabajo colaborativo entre entidades del tercer sector, instituciones académicas y administraciones locales y supramunicipales para atender de manera global la problemática, fueron algunas de las conclusiones que están sirviendo de base para redactar un manifiesto que se hará público próximamente.
Desde el CDR Palancia Mijares, como entidad que trabajamos en el marco de la acción social, encontramos que poner el valor social que tiene la vivienda en el centro, abriría la posibilidad de establecer políticas que apunten a salir de la precariedad habitacional, reconociendo la dificultad de acceso a una vivienda digna de los colectivos de población más vulnerables.
Regular el precio del alquiler, proponer que la administración adquiera viviendas para ponerlas a disposición con carácter social puesto que comparado con otros países europeos, el parque de vivienda pública en España es muy pequeño, o acompañar procesos de información a las personas propietarias con viviendas en desuso para dar a conocer las alternativas que tienen para ponerlas a disposición de personas que las necesiten en un marco de seguridad y garantía, son algunas de las propuestas que se vienen planteando en distintos foros.
“No existen soluciones mágicas para problemas complejos, pero para que el derecho humano a la vivienda sea una realidad cambiar nuestro marco de referencia no solo es necesario, sino imprescindible” (Ignasi Martí).
PROGRAMA “VIUre JUNTES”: PROPUESTA DE VIVIENDA COMPARTIDA EN EL ENTORNO RURAL
Con el objetivo general de configurar un espacio de convivencia a personas mayores de 60 años autónomas, compartido con personas más jóvenes y apoyado con un programa de acompañamiento psicosocial en viviendas supervisadas, este año 2025 desde el área de Personas Mayores del CDR, estamos impulsando el programa “VIUre Juntes”. Una propuesta donde el buen trato a las personas mayores centrado en ofrecer un espacio de convivencia que promueva vínculos de apoyo mutuo saludables, y el hecho de ser protagonista de su propia vida cobran relevancia. Un programa que, lejos de ser una propuesta asistencialista, hace hincapié en dar una herramienta para acompañar, poniendo en valor la capacidad intrínseca de las personas de ganar autonomía personal y hacerse responsables de su vida.
El programa apunta a ofrecer una propuesta de convivencia para personas mayores de 60 años, autónomas, que desean mantenerse viviendo en su pueblo, y elijan hacerlo de manera compartida con otras personas para mantener su salud socioafectiva, así como participar de manera activa en la vida de su comunidad.
La propuesta de convivencia en viviendas compartidas con personas mayores tiene como objetivo promover espacios de compañía mutua y de creación de tejido social entre colectivos, que verán fortalecida su autoestima y autodeterminación, teniendo la opción de permanecer viviendo en su territorio. Se trata de contribuir a la transición del modelo de cuidados “institucionalizado”, a otro en el contexto de los derechos humanos, desde una mirada del desarrollo comunitario y con el proyecto de vida de cada persona en el centro.
Tener derecho a opinar y decidir sobre la propia vida independiente, así como ser incluida en la comunidad de pleno derecho, son dos aspectos que el programa “VIUre Juntes” contempla en su definición, lo cual suma para reducir las desigualdades y conseguir que el sector de la población más mayor tenga el mismo reconocimiento que cualquier otro en el momento de tomar decisiones como protagonistas de su vida.
Este año, el equipo que implementa el programa, centra su energía en realizar reuniones de coordinación con otras entidades que implementan proyectos orientados a ofrecer alternativas al problema del acceso a la vivienda en el entorno rural, y con administraciones locales e intermunicipales, para conocer la existencia de viviendas disponibles que puedan valorarse para ser integradas en el programa, así como con los Servicios Sociales de las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares, para escuchar su opinión sobre la conveniencia de incluir a personas usuarias de la acción que se proyecta.
Se espera que el programa visibilice la problemática, y aporte para facilitar el acceso a lugares de vivienda municipales en desuso y/o favorezca que viviendas en uso sean compartidas, estableciéndose vínculos y redes sociales que beneficien la salud psicoemocional de las personas que compartan los espacios para vivir.
Para el próximo otoño, se proyecta la organización de una jornada en la que se encuentren entidades con experiencia en incentivar proyectos de reactivación de vivienda en entornos rurales, dar a conocer alternativas que ya están funcionando, y escuchar de primera mano su testimonio. Una manera de informar a la población local de que existe la posibilidad real de considerar la problemática de la vivienda como una oportunidad para dinamizar nuestros pueblos, atendiendo algo tan importante como es la reactivación de espacios en desuso y/o infrauso de cara al bienestar de las personas que habiten los espacios y de las comunidades donde se asientan.
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